Gracias a la entrada en vigor ayer de la nueva Ley de Tasas Judiciales, el
gobierno del PP hace “añicos” la Constitución
Española , más concretamente el artículo 14 que dice que “todos los españoles somos iguales ante la
ley.”
Los nuevos “precios” de la justicia española son injustos y excesivos al carecer de cualquier carácter social
(la justicia es un poder del Estado) y sólo y exclusivamente al tener carácter recaudatorio, como todo lo que
hace este gobierno.
Este gobierno está consiguiendo “cabrear”
a muchos sectores de la sociedad pero ha sido el primero en conseguir el dudoso
mérito de que toda la justicia española se
posicione en contra de esta ley con continuos paros que van desde los
funcionarios hasta los mismísimos jueces; y una muy posible huelga en enero. Recurrir
una multa de tráfico supondrá como mínimo pagar 200 euros; una separación o
divorcio oscilará entre los 1.200 y 2.000 euros; los honorarios de los abogados
de oficio deberán ser abonados por el ciudadano, etc. Es decir, quien se lo pueda permitir podrá acudir a la justicia, y
quien no, pues…
El PSOE recurrirá esta medida ante el Tribunal Constitucional por
considerarla totalmente injusta, así como los propios estamentos jurídicos que
pretenden llegar a que se declare inconstitucional esta nueva ley del PP.
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