EFE 13/10/2013
Unos 2.000 alcaldes de todas las fuerzas políticas, salvo el PP, han denunciado la reforma local que prepara el Gobierno porque "amputa" la autonomía local y dejará a los ciudadanos sin prestaciones básicas, sobre todo sociales, como la teleasistencia, educación extraescolar o la ayuda a domicilio.
Son algunas de las críticas que se han escuchado hoy en un acto organizado contra la reforma local, que el Ejecutivo quiere que entre en vigor el próximo 1 de enero, en el que alcaldes del PSOE, IU, PNV, CiU, Coalición Canaria, La Chunta Aragonesista e ICV han leído un manifiesto en el que piden al Gobierno que retire el proyecto si quiere evitar la intervención del Constitucional.
En esta línea, Gaspar Zarrías, responsable de Política Municipal del PSOE, ha advertido de que prácticamente el 95 por ciento de los municipios dejará de prestar servicios y competencias que afectan "al día a día a los ciudadanos", y en este contexto de crisis -ha subrayado- los ayuntamientos tienen que ser la "punta de lanza" en la atención y no simples "espantajos" sin capacidad para nada.
Lo que está en juego, según ha dicho a los periodistas, es la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan, pero la propuesta del Ejecutivo va por el camino de "hacer ciudadanos de primera y de segunda", en función del municipio en el que residan.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (IU) y uno de los impulsores del manifiesto, también es de la opinión de que la reforma sólo persigue "eliminar" una serie de servicios y, precisamente, en esta época de crisis se hacen todavía más necesarios, ha señalado.
Desaparecen, ha asegurado, todas esas prestaciones que se hacían desde los municipios y que ahora no recoge "de manera precisa" ninguna otra administración.
Una misma queja que ha puesto de relieve el alcalde de Coalición Canaria de La Laguna (Tenerife), Fernando Clavijo, quien sostiene que con esta ley, el Gobierno quiere "criminalizar" a los alcaldes del déficit público, que será cero este año -ha recalcado- y del endeudamiento, que no alcanza al 1,5 por ciento, sin contar a Madrid y Barcelona.
Para el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, muy involucrado en combatir esta reforma, ha subrayado, también a los medios, que lo que pretende claramente es una "demolición" de lo local y una vuelta a un "escenario preconstitucional".
El Gobierno, ha dicho, "ha negado el pan y la sal" a los ayuntamientos y no ha buscado el entendimiento con los entes afectados ni tampoco con otras fuerzas políticas y, de hecho, la semana próxima el Congreso debatirá las enmiendas a la totalidad que han presentado todos los grupos parlamentarios.
"Todo lo que va en contra del municipalismo tendrá una vida corta", ha pronosticado Valderas, quien ha insistido en que el Ejecutivo comete un "grave error" porque puede causar "mucho daño" a los ciudadanos.
Para el alcalde socialista de Miranda de Ebro (Burgos), Fernando Campo, la reforma va a "hundir" el municipalismo ya que sólo persigue privatizar una parte de las prestaciones municipales, "no dar financiación" a los ayuntamientos y eliminar sus competencias.
