MANIFIESTO PSOE DIA DE LA CONSTITUCION
Nuestra Constitución cumple estos días su trigésimo tercer aniversario. El mérito es de los ciudadanos y a ellos expresamos nuestro público reconocimiento.
El PSOE se felicita por estos treinta y tres años de convivencia en libertad y democracia en los que el pueblo español ha sido el protagonista de su propia historia.
Este aniversario se celebra en un momento de traspaso de poderes, expresión de la alternancia política, entre el actual Gobierno de España y quienes están llamados a sucederle, en cumplimiento de la voluntad popular y dentro del funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
El PSOE quiere resaltar el ejemplar comportamiento del pueblo español el pasado día veinte de noviembre, con una notable participación electoral en unas elecciones generales celebradas sin incidencia alguna y sin la amenaza coactiva y asesina del terrorismo, lo cual pone de manifiesto, de manera indubitada, la grandeza y el triunfo de la democracia, de la convivencia pacífica y de la Constitución, frente al terror.
En este último año el Parlamento español aprobó, por una gran mayoría fruto del voto favorable de los dos grandes Partidos, una reforma parcial de la Constitución, introduciendo la garantía del principio de “Estabilidad Presupuestaria” en su artículo 135, efectuada desde la legitimidad de las Cortes Generales, dentro del normal funcionamiento de los mecanismos y de las previsiones constitucionales de reforma.
El PSOE quiere resaltar que el principio de estabilidad presupuestaria ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico, elevándose ahora su rango normativo al nivel Constitucional. Se trata de un principio recogido en nuestros compromisos programáticos y de gobierno, que forma parte del acervo de la socialdemocracia y que supone una expresión de solidaridad intergeneracional y con las generaciones futuras.
La reforma constitucional que acordaron las Cortes Generales, al igual que el camino emprendido por Alemania, Francia, Italia y otros países de la zona euro, en sus respectivos ordenamientos constitucionales, es consecuencia y reflejo del compromiso de España con Europa y con el euro, con la gobernanza económica de Europa, que requiere una armonización de normas y de culturas constitucionales en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas, entre otros aspectos de relevancia económica.
La reunión del próximo Consejo Europeo del día 9 de diciembre supone una cita trascendental. Hoy en la Unión Europea se está gestando un Gobierno económico común, una política económica común, una nueva gobernanza económica e institucional, para dirigir la política fiscal y presupuestaria en la zona euro, que puede pasar por una inminente reforma de los tratados.
Europa requiere acabar con los vestigios de dumping social, presupuestario y fiscal que aún permanecen. Son necesarios compromisos firmes, ciertos, verificables y fiscalizables que deben ser asumidos conjunta y solidariamente. La unidad monetaria de Europa no es suficiente. Es preciso avanzar hacia una auténtica enidad económica, lo que supone unidad presupuestaria y fiscal.
El reto de la política europea es salvar el euro. Para salvar la moneda única, la Unión Europea ha venido contemplando una serie de medidas como la de acudir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, además de otras iniciativas como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o la compra de bonos por el BCE y otras fórmulas de ayuda a los países que cumplen sus compromisos. Ello requiere garantías de pago, para lo cual, la UE se plantea reformar los tratados recogiendo y estableciendo garantías de estabilidad fiscal.
Además, el pasado once de marzo de este año, los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona acordaron el Pacto del Euro. Uno de los compromisos de dicho pacto es la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este acuerdo persigue una mayor coordinación de las políticas económicas para garantizar una unión monetaria más integrada y competitiva y generadora de empleo.
La Unión Europea no avanzará si no lo hacen sus miembros y si ellos no crean las condiciones objetivas políticas, jurídicas, económicas y constitucionales en el seno de cada país.
La reforma constitucional del artículo 135 se anticipa en esa dirección. Con ella, España lanza un mensaje de solvencia y de confianza al mundo.
La reforma del artículo 135, esto es, el refuerzo y la elevación a rango constitucional del principio de “estabilidad presupuestaria” y de la obligación de “priorizar” en la atención al “pago de la deuda pública” de España, aplicando una política económica y presupuestaria que respete los “márgenes” de “Déficit Estructural acordados en la Unión Europea”, obliga a que las leyes y los actos de Gobierno respeten esas previsiones y se sujeten a esos principios, salvo en casos y circunstancias “extraordinarias” y graves “apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados”.
Pero todo ello debe ser interpretado y gestionado en el marco de nuestra propia Constitución, es decir, a la luz de la importancia, prevalencia y firmeza normativa de los derechos y deberes fundamentales y de los “Principios Rectores de la Política Social y Económica”, recogidos en el Capítulo III del Título Primero de la Constitución, los cuales “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”.
El PSOE siempre ha considerado que nuestra Constitución es, sobre todo, una gran carta de derechos y deberes, y los llamados “Principios Rectores de la política social y económica”, regulados en los artículos 39 a 52, funcionan como una “Constitución Económica” que no puede ser desconocida por el resto del articulado constitucional, ni por los poderes públicos, que están obligados a promocionarlos y aplicarlos.
Por consiguiente, la necesaria reforma del artículo 135 no supone limitación de derechos, no fue una reforma contra nadie, ni se hizo a costa de la autonomía de la política, ni puede ser interpretada en contra de los derechos y libertades fundamentales, ni puede desconocer el superior rango de unos “principios rectores de la política social y económica”, que según se desprende de nuestra propia Constitución, obligan a los poderes públicos a promover la redistribución de la renta, el pleno empleo, un régimen público de seguridad social, el derecho a las prestaciones y asistencia sociales, la protección de la salud y la sanidad pública, el medio ambiente, una vivienda digna, o pensiones adecuadas, entre otros principios, derechos y actuaciones. Esos valores, derechos fundamentales y principios rectores sociales y económicos, son la columna donde encuentra la Constitución española su mayor firmeza normativa.
Por último, en estas fechas, el PSOE quiere ratificar su compromiso con las personas que han perdido su empleo o tienen grandes dificultades para acceder al mismo. Sin duda alguna, la gran crisis global se ceba en España principalmente en quienes pierden su empleo o no encuentran trabajo. Por eso, hoy el compromiso prioritario es la lucha contra el paro. La Constitución obliga a los poderes públicos a la realización de una política activa a favor de quienes están sufriendo las consecuencias más graves de la peor crisis económica de la historia.
Colocar la lucha contra el desempleo como la gran prioridad de la acción política es un imperativo constitucional acorde con los valores superiores de libertad, justicia e igualdad que nuestra Constitución proclama. Hoy, en la celebración de su 33 aniversario, ese es el gran compromiso de España.
